Por: David Lovatón Palacios

Profesor principal PUCP

Consultor DPLF

Texto publicado originalmente en: Justicia en la Américas

Cuando la Constitución peruana de 1993 consagró al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) como órgano constitucional autónomo con mayoritaria participación de la sociedad civil (5 de 7 consejeros), generó expectativa no sólo en el Perú sino en América Latina, pues era la plasmación de una corriente de opinión muy fuerte en nuestro continente de que debía abandonarse el sistema político de designación de jueces y fiscales, que históricamente había significado el sometimiento de la justicia al poder político de turno.

Dos décadas después de su puesta en funcionamiento, el balance es negativo. Si bien los procesos de designación y nombramiento, evaluación y ratificación y de destitución de magistrados, se han institucionalizado (reducción de los márgenes de arbitrariedad y establecimiento de criterios objetivos y medibles), ello no ha impedido su captura por redes de corrupción de abogados, profesionales o profesores universitarios, que operan –respectivamente- en estudios o colegios de abogados, otros colegios profesionales y universidades públicas y privadas. Así, la corrupción política ha sido reemplazada –en parte, pues el partido aprista sigue conservando una influencia importante- por una corrupción mafiosa.

El último episodio del secuestro de esta institución por la corrupción, ha tenido lugar el pasado 10 de noviembre. El Presidente del CNM, Pablo Talavera, renunció al cargo y a la institución porque los demás consejeros decidieron reincorporar en sus funciones al consejero Alfredo Quispe Pariona, quien había sido suspendido por ellos mismos, por serias denuncias de corrupción y acoso sexual cuando laboraba en la Universidad privada “Garcilaso de la Vega” (cuyo Rector ha sido acusado también de graves actos de corrupción).

Cabe mencionar que uno de los principales medios probatorios de estas denuncias es un audio de este consejero, en el que acepta haber cobrado indebidamente sumas de dinero a alumnos o egresados; en descargo, dijo que “había sido inmoral, pero no ilegal”. Increíblemente, la mayoría de consejeros del CNM no han tomado en cuenta este hecho tan grave, sosteniendo que “En lo que respecta al audio se debe precisar que conforme a la presentación de dicha prueba, no se tuvo los peritajes y los elementos objetivos que permitiera verificar su autenticidad.” (Comunicado CNM del 11 de Noviembre del 2015)

La pregunta salta de inmediato: si los consejeros tenían dudas sobre la autenticidad del referido audio, ¿por qué no solicitaron entonces un peritaje? ¿Qué les impedía hacerlo? Tómese en cuenta que lo que está en juego es la credibilidad del órgano constitucional encargado de decidir quién ingresa, quién se mantiene y quién sale del Poder Judicial y del Ministerio Público. Por ende, su responsabilidad ante el país es inmensa.

Otro argumento utilizado por el CNM para reponer en el cargo a este cuestionado consejero, es uno bastante usado por los cómplices de la corrupción y por quienes han rebajado los estándares de ética pública: “… las imputaciones materia del procedimiento de vacancia, se sustentan en hechos que no corresponden a la condición de consejero, sino a supuestos anteriores a su elección, que de ser ciertos, debió tramitarse en el proceso de postulación bajo el mecanismo de tachas…” (Comunicado CNM del 11 de Noviembre del 2015)

En otras palabras, el mensaje a la ciudadanía es el siguiente: no nos importa qué hizo o perpetró uno de nuestros colegas antes de ingresar al CNM. Ese no es nuestro problema y, en todo caso, debió detectarse antes de que fuera elegido. Pero sí es un serio problema no sólo para el CNM, sino también para el Poder Judicial, el Ministerio Público y el país en general. Hay muchos jueces y fiscales honestos que cumplen una esforzada labor, que deben estar muy preocupados por la calidad de los consejeros que van a decidir su posible ascenso, que los van a ratificar -o no- o que eventualmente los podrían destituir. En la otra orilla, en cambio, deben estar frotándose las manos.

El daño pues que el actual CNM puede infligir al país es muy grande. Organizaciones de sociedad civil como el Instituto de Defensa Legal (IDL), Proética, el proyecto LIBER (de la Pontificia Universidad Católica del Perú y el Instituto Prensa y Sociedad), la Junta de Decanos de Colegios profesionales y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, han solicitado al Congreso de la República destituir a estos consejeros al amparo del artículo 157º de la Constitución política.[1] También han pedido que se realicen nuevas elecciones de consejeros y que se suspenda el actual concurso para jueces supremos, para evitar que este pésimo CNM designe a pésimos miembros de la Corte Suprema.

Ciertamente compartimos estos planteamientos formulados por la sociedad civil organizada. Pero tememos que son insuficientes. El CNM tocó fondo y ha llegado la hora de volver a pensar su diseño constitucional, en especial, cómo se eligen a sus integrantes. Debemos comenzar por reconocer que la participación de los colegios profesionales y universidades ha fracasado, en el sentido que no han propiciado que lleguen al CNM personas probas y capaces, sino todo lo contrario.

Hace un buen tiempo que en diversos círculos académicos y profesionales se viene reflexionando sobre el particular. No se trata de retornar al sistema anterior de designación política, pues el mismo ya demostró su fracaso también; se trata de encontrar una fórmula constitucional que impida la captura de tan importante órgano constitucional por redes de corrupción, sean políticas o mafiosas. De pronto, la nueva Ley universitaria –cuya constitucionalidad acaba de ser ratificada por el Tribunal Constitucional- podría contribuir a ello, dejando sin influencia sobre el CNM, a universidades públicas y privadas que no cumplan estándares mínimos de calidad, que suelen ser –precisamente- las capturadas por mafias de corrupción.

Sin duda, ello será responsabilidad del próximo Parlamento que elijamos los peruanos el 2016; mientras tanto, es responsabilidad del actual Congreso de la República que este CNM tan cuestionable y cuestionado, no quede en la impunidad. Por su parte, a la ciudadanía nos corresponde movilizarnos y exigir públicamente “#QueSeVayanTodos”.

[1] “Los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura pueden ser removidos por causa grave mediante acuerdo del Congreso adoptado con el voto conforme de los dos tercios del número legal de miembros.”