El 09 de diciembre último, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de Perú, eligió a Teódulo Santos Cruz, como su representante suplente ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), con el propósito –explícito- de que pudiera participar en la última etapa de los concursos públicos convocados para nombrar un nuevo Vocal Supremo y un nuevo Fiscal Supremos en dicho país . 

Santos Cruz, que solo ejercerá el cargo durante dos meses, ocuparía el puesto que anteriormente desempeñó el magistrado y ex Presidente del CNM, Pablo Talavera Elguera, y que su sucesor accesitario, José Gonzáles López, se negó a ocupar, debido a la gravísima crisis institucional que el CNM viene atravesando. 

Con la participación de este nuevo Consejero, y a pesar del cuestionamiento generalizado sobre la idoneidad y capacidad de los actuales miembros del CNM para llevar adelante, de manera legítima, la evaluación y el nombramiento de los más altos cargos de la judicatura peruana, el día de ayer el Pleno de este organismo entrevistó a los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a Fiscales Supremos; y al final de la jornada, nombró un nuevo Vocal Supremo y un nuevo Fiscal Supremo. Adicionalmente, aprobó sendas listas de candidatos denominados “aptos”, que en caso que lo soliciten, pueden ser considerados “candidatos en reserva” y ocupar plazas vacantes futuras sin necesidad de realización de un nuevo concurso.

El contexto en que se han realizado estas designaciones, los intentos de varios actores políticos por bloquear cualquier iniciativa de evaluación parlamentaria sobre la reciente actuación de los Consejeros, y el apresurado nombramiento de Santos Cruz para asegurar su participación en un proceso en el que no estuvo involucrado desde un inicio, generan serias preocupaciones en torno a la legitimidad de su resultado. 

En efecto, la designación de Santos Cruz tiene serios problemas de orden técnico. En primer lugar, la posibilidad de nombrar un representante suplente cuando los dos representantes previamente nombrados han renunciado al cargo, no está prevista en el marco legal peruano. Por otro lado, no ha existido la posibilidad de escrutinio alguno sobre los antecedentes del representante elegido, debido la falta de regulación previa de un procedimiento claro y transparente para la elección del representante de la Corte Suprema ante el CNM. Esto resulta aún más preocupante en este caso, dado que se trata de una persona ajena a la judicatura, cuya capacidad de representar los intereses de los jueces puede resultar cuestionable, además de no haber sido sometida a ningún análisis previo por parte de la ciudadanía acerca de sus antecedentes y posibles conflictos de interés, como hubiese ocurrido de tratarse de un representante proveniente de la carrera judicial.

A ello se suma también, que el apresurado involucramiento de Santos Cruz en dos procesos de selección en los que no participó desde un inicio –y en los que no ha participado anteriormente- no permite garantizar que se encuentre en plena capacidad para evaluar integralmente a los candidatos y su idoneidad en relación al perfil de los cargos convocados.

DPLF reitera su preocupación por estos hechos, y recuerda a las autoridades peruanas competentes la importancia de preservar la legitimidad de los procesos de selección y nombramiento de las más altas autoridades del sistema de justicia, para garantizar su independencia y restablecer la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.