Por: David Lovatón 

Consultor DPLF

Recientemente se conformó la “Misión de Observación de la Consulta al Pueblo Maya sobre la siembra de soya genéticamente modificada”, integrada por personalidades y organizaciones de sociedad civil. Esta Misión se creó a solicitud de las comunidades de Hopelchén y Tenabo que deben ser debidamente consultadas en cumplimiento de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México.

Las “sesiones previas” y los “acuerdos previos” a la consulta, tuvieron lugar el 31 de marzo y 1° de abril y el 14 y 15 de abril respectivamente, en los Municipios de Hopelchén y Tenabo, con la participación de representantes del pueblo maya, autoridades mexicanas y observadores de sociedad civil.

En tal sentido, esta Misión da a conocer su “Primer reporte de observación de la Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas en los Municipios de Hopelchén y Tenabo”, con el objetivo de contribuir a que el proceso de consulta previa se realice tomando en cuenta los estándares internacionales que en esta materia ha suscrito el Estado mexicano.

En este primer reporte, la Misión deja constancia que se vulneraron principios fundamentales del derecho a la consulta: que debe ser debidamente informada, culturalmente adecuada, transparente, libre, de buena fe y respetando los usos y costumbres del pueblo maya. Algunas de las infracciones más graves se produjeron en la traducción e interpretación, la falta de información clara, precisa y culturalmente adecuada, en la presión para someterse al calendario y procedimientos previamente planificados por las autoridades, en la falta de imparcialidad por parte de las autoridades, generando un ambiente de desconfianza, en la falta de pago de los gastos de las comunidades para poder participar en la consulta.

Todas estas infracciones han sido debidamente documentadas por la Misión con grabaciones de audio, videos, fotografías, así como en testimonios escritos de los integrantes de la Misión y de algunas personas que participaron en estas reuniones previas.

El informe concluye formulando a las autoridades mexicanas un conjunto de recomendaciones con el objetivo que la consulta a estas comunidades, se lleve a cabo de conformidad con los compromisos internacionales que en esta materia ya ha asumido el Estado mexicano.

A continuación el primer informe de esta Misión de observación, de la que organizaciones como la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), también hace parte.